Ciudad de México. El gobierno federal ha presentado una lista de jueces y magistrados cuya actuación está bajo escrutinio debido a sus fallos que han llevado a la liberación de secuestradores, pederastas y miembros del crimen organizado, a través de sentencias que han modificado decisiones previas. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, anunció que se han presentado denuncias penales o quejas ante el Consejo de la Judicatura debido a la gravedad de sus acciones.
Uno de los destacados en esta lista es el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera, quien revisó el caso de secuestro, tortura y asesinato del hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El 18 de agosto, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social recibió la resolución de Tavera, en la que comunica la sentencia absolutoria a seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta. Ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
Rodríguez Bucio informó que existen cinco casos de jueces con denuncias penales o quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, ocho casos de jueces cuyas resoluciones han sido impugnadas por el Ministerio Público y algunas de ellas resueltas a favor por el tribunal de alzada, así como ocho casos de magistrados y jueces que, a pesar de delitos graves, se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
En la conferencia presidencial matutina, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reveló que durante este gobierno se han desactivado mil 931 laboratorios para elaborar drogas químicas y se han incautado 105.2 toneladas de metanfetaminas, junto con mil 208.24 toneladas de sustancias químicas. Se estima que el impacto en la delincuencia organizada equivale a 1.7 billones de pesos.
Además, reportó que en esta administración se han desactivado 2 mil 803 artefactos explosivos improvisados utilizados por el crimen organizado para demarcar su territorio o impedir el acceso de rivales o fuerzas de seguridad. Estos artefactos han herido a 77 elementos y son fabricados siguiendo tutoriales en redes sociales. Michoacán, con mil 411; Guanajuato, 396, y Jalisco, con 121, son las entidades donde se han encontrado más explosivos.
En cuanto al informe de Rodríguez Bucio sobre la actuación de jueces y magistrados, se ha señalado que José Luis Hernández, encargado de control en Coahuila, enfrenta una denuncia penal y dos quejas ante el Consejo de la Judicatura. En relación con la tragedia en la mina El Pinabete, donde 10 mineros quedaron atrapados, el juez decretó la no vinculación a proceso de dos imputados por el delito de explotación ilícita de bienes nacionales.
Los magistrados Martín Soto Ortiz y Rafael Remes Ojeda, junto con el secretario Ricardo Reyes González, todos del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, han rechazado la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en casos de delitos graves.
Vía @gobernartemx
