El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha vetado la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y sus Municipios, alegando un impacto presupuestal en las finanzas estatales. Esta ley planteaba la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura y la supuesta desaparición del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
El veto se basa en que la ley imponía a la Secretaría de Educación la obligación de contar con contenedores para la deposición de residuos urbanos y de manejo especial, además de promover el uso de productos reciclables y reciclados.
El gobernador señaló que no se solicitó la intervención de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General estatal para evaluar el impacto presupuestario de estas obligaciones y no se especificó de dónde provendrían los recursos para cumplirlas.
Samuel García explicó que SIMEPRODE desempeña un papel fundamental en la economía circular al clasificar y reutilizar los residuos sólidos urbanos, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental y al aprovechamiento del biogás generado en el proceso de descomposición de residuos.
El Congreso de Nuevo León aprobó esta ley el 4 de septiembre, con la intención de reutilizar la basura que tenga valor y permitir a los municipios contar con estaciones de transferencia para separar la basura reutilizable. Sin embargo, SIMEPRODE no se consideraba como la autoridad encargada de recolectar la basura en los municipios.
El presidente del Congreso local, Mauro Guerra Villarreal, afirmó que la ley busca reducir al mínimo la cantidad de desperdicios que se destinan a los confinamientos y facilita a los municipios establecer plantas de tratamiento y separación de basura valorizable, sin afectar a terceros.
Vía @gobernartemx
