La vida democrática en México atraviesa una disyuntiva central: modernizarse para representar mejor y costar menos, o seguir sosteniendo un sistema electoral desproporcionadamente caro que ha tolerado privilegios y distorsiones de representación.
La reforma electoral en discusión debe tener un objetivo primordial: fortalecer la democracia en todas sus dimensiones —legitimidad, representación efectiva, confianza pública y uso responsable de los recursos—.
México no puede seguir financiando uno de los sistemas electorales más costosos del mundo cuando, con frecuencia, ese gasto ha servido más para alimentar burocracias partidistas que para mejorar la representación popular. Reducir costos no es “recortar democracia”; es impedir que el dinero público continúe financiando privilegios en lugar de derechos ciudadanos.
REPRESENTACIÓN SÍ, SIMULACIÓN NO
No sorprende que parte de la oposición a una reforma de fondo invoque la “defensa de la democracia” mientras protege un modelo que garantiza financiamiento, cuotas y ventajas políticas. Encuestas y estudios de opinión muestran un respaldo social consistente a la reducción del número de plurinominales y del financiamiento a los partidos. La reforma responde, así, a un mandato ciudadano claro.
El debate sobre los plurinominales exige precisión. El problema no es la pluralidad —esencial en toda democracia—, sino su distorsión mediante listas cerradas controladas por cúpulas partidistas. El resultado ha sido un Congreso con legisladores sin vínculo territorial, sin voto directo y con escasa rendición de cuentas. Una reforma responsable debe corregir ese incentivo perverso.
AUTONOMÍA, AUSTERIDAD Y LEGITIMIDAD
Modernizar reglas y abaratar procesos requiere un principio irrenunciable: la autonomía del órgano electoral. Reformar no es someter instituciones, sino fortalecer su credibilidad y eficacia. Defender al árbitro es compatible con revisar el costo del sistema y ajustarlo a la realidad política y económica del país. Una reforma con legitimidad debe incluir, además, demandas históricas de la ciudadanía como la eliminación del fuero y el fortalecimiento de la democracia participativa.
3 EJES IRRENUNCIABLES DE LA REFORMA:
1. Representación proporcional con respaldo ciudadano, no designaciones cupulares. 2. Autonomía electoral con reglas más eficientes y menos costosas. 3. Eliminación de privilegios e impulso a la rendición de cuentas. Esa es la ruta: instituciones autónomas, representación legítima, gasto responsable y una democracia al servicio de la ciudadanía, no de unos cuantos
“Esa es la ruta: instituciones autónomas, representación legítima, gasto responsable y una democracia al servicio de la ciudadanía, no de unos cuantos.”
