El Instituto Nacional Electoral (INE) está elaborando nuevas regulaciones para los futuros precandidatos presidenciales, que incluyen la posibilidad de retirar propaganda considerada proselitista y cargar los gastos actuales a los topes de precampañas.
El proceso electoral 2023-2024 comienza el 4 de septiembre, y las precampañas no hasta la tercera semana de noviembre. Sin embargo, según las directrices de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el INE está en la obligación de establecer normas para los actos políticos relacionados con la contienda del próximo año que se realicen antes del calendario legal.
En respuesta a la orden de los magistrados, los consejeros y funcionarios electorales, junto con representantes de los partidos políticos, han estado deliberando intensamente desde el sábado sobre cómo nombrar estas reglas y garantizar que no violen los límites establecidos en la Constitución y las leyes.
En un borrador circulado hoy entre los consejeros, el título leído decía: “Lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda que realicen los sujetos obligados o personas vinculadas, independientemente de la denominación que se les dé, como parte del proceso político para definir a quienes podrían ostentar una precandidatura o candidatura, previo al inicio de las precampañas en el PEF 2023-2024”.
Los consejeros también buscan incluir reglas que ya han emitido a nivel de medida cautelar de la Comisión de Quejas y Denuncias, como por ejemplo, permitir que los verificadores del INE realicen su trabajo sin interferencias, y que los eventos no estén dirigidos a obtener respaldo para una postulación electoral.
Dos temas han frenado la redacción final: el alcance de los servidores públicos en los eventos tanto de Morena como de la oposición, y la propaganda. Según los transitorios del anteproyecto en discusión, los partidos tendrían la obligación de notificar al INE quiénes son sus aspirantes y, en su caso, la propaganda de la que se responsabilizan.
Los partidos tendrían que retirar cualquier “propaganda masiva” de naturaleza electoral o proselitista. Cualquier propaganda que no sea retirada “será computada, en su momento, como gasto de precampaña”.
En cuanto a la fiscalización, que es objeto de estas directrices, comenzaría desde la convocatoria de cada bloque. Deberá ser notificada al INE cada tres días. Se advierte, como ya lo marca la ley, que la persona que exceda los topes o realice actos anticipados de campaña podría perder el registro.
Vía @gobernartemx
