El gráfico es contundente y, a la vez, preocupante. Durante 2025 se presentaron 565 iniciativas en las cámaras legislativas, pero sólo 31 fueron aprobadas. El resto, 534, quedaron detenidas, archivadas o sin dictamen. En términos reales, esto representa una tasa de aprobación inferior al 6%, una cifra que revela no solo ineficiencia legislativa, sino un problema estructural de gobernabilidad. 

Más allá del reparto partidista —donde ninguna fuerza política logra destacar de manera significativa— el dato central es político: el Congreso produce más propuestas de las que puede, o quiere, procesar. Las iniciativas se han convertido en instrumentos de posicionamiento mediático y no en vehículos reales de transformación pública. Se presenta para comunicar, no para legislar. 

 La baja tasa de aprobación refleja un Poder Legislativo atrapado en la polarización, la parálisis de las comisiones y la falta de acuerdos sustantivos. Gobernar implica decidir, y decidir implica asumir costos.  

Sin embargo, el costo que hoy se evita dentro del Congreso se traslada a la ciudadanía en forma de vacíos legales, reformas inconclusas y problemas públicos sin solución. 

Cuando el 94% de las iniciativas no avanza, el mensaje es claro: el sistema legislativo está desconectado de la urgencia social. No es un problema de cantidad, sino de voluntad política, técnica legislativa y prioridades. Un Congreso que no legisla debilita la democracia, erosiona la confianza ciudadana y normaliza la inacción como forma de poder. La pregunta no es cuántas iniciativas se presentan, sino por qué tan pocas se convierten en ley. Mientras esa respuesta no se enfrente con seriedad, el Congreso seguirá siendo un espacio de discurso, no de soluciones.