La inmunidad precede a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD), muy mencionada en las últimas semanas con motivo de los eventos ocurridos en la Embajada de México en Ecuador. Más allá de la complejidad legal y política que implican los regímenes de privilegios e inmunidades diplomáticas, su razón de existir remite a una necesidad esencial de la comunicación entre entes políticos: no mates al mensajero. En una de sus primeras manifestaciones en la antigua Grecia, el encargado de transmitir mensajes entre autoridades políticas portaba los documentos envueltos en una hoja sellada con pegamento. Esta primera hoja pegada (protos, primera; kolla, cola o pegamento), o protocolo, representó la protección que debía ofrecerse al mensajero con la finalidad de que pudiera realizar su encargo con seguridad. La diplomacia moderna desarrolló aún más la figura de la inmunidad al mismo tiempo que la función de representación de los Estados evolucionó hacia la misión diplomática que se estableció permanentemente en el territorio de Estados extranjeros, la embajada.
La embajada sigue realizando las mismas labores de negociar, representar y comunicar, amparada por el derecho internacional. No sobra enfatizar que la inmunidad de los locales de la embajada no se concede con fundamento en la extraterritorialidad, es decir, sus instalaciones no son territorio del Estado que la envía, si no que su protección deriva de un acto soberano de los mismos Estados acreditantes que, conforme al derecho internacional, restringen su competencia y jurisdicción hacía las personas y bienes de la misión debido a la función de representación soberana de otro Estado que realizan (en caso de tener dudas sobre si las embajadas de México son territorio nacional, revisar los artículos 42, 43, 44. 45, 46, 47 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al territorio nacional, los cuáles no mencionan las embajadas ni otras misiones diplomáticas). El mismo derecho internacional determina que, una vez que se acuerda y se concede la inmunidad, ésta no puede retirarse arbitrariamente pues ello frustraría su objetivo.
No hay duda de al irrumpir por la fuerza a la Embajada de México, Ecuador violó la CVRD. Esta afirmación se confirma con el apoyo contundente que la comunidad internacional ha manifestado hacia México. Por ello resulta, por lo menos extraño, que México, al presentar su demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en lugar de centrar sus pretensiones en dicha violación y mantener un alto nivel de certeza sobre una sentencia favorable, opta por incluir conceptos de violación a la Carta de las Naciones Unidas y solicitar la suspensión de Ecuador de esa Organización y, en caso de que no se emitan una disculpa y reconocimiento de las violaciones cometidas, requiere también su expulsión. No existen antecedentes sobre un caso en el que la CIJ haya decidido la expulsión de un Estado de la Organización. Más allá de esto, el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas señala que la expulsión la determinará la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Es decir, en todo caso, la CIJ podría solamente solicitar al Consejo iniciar el proceso para analizar una posible recomendación en dicho sentido. En estos términos, es previsible que la CIJ reconozca la violación de Ecuador a la CVRD y determine medidas de reparación para México. Sin embargo, es igualmente muy improbable que la Corte resuelva favorablemente sobre la suspensión o expulsión de Ecuador de la ONU. ¿Por qué convertir una victoria segura y contundente en una que podría resultar en la satisfacción parcial de las pretensiones solicitadas a la Corte? Otro evento relacionado con este conflicto que también llama la atención pero que se desarrolló en la Organización de Estados Americanos (OEA) fue la negociación y adopción de una resolución del Consejo Permanente que condena las acciones de Ecuador. Pese a ser el país agraviado directamente, México no participó en la negociación de la resolución ni en la sesión en la que se aprobó.
¿Por qué en un escenario, causado por eventos desafortunados, pero en el que a México le asiste toda la razón y cuenta con respaldo casi absoluto se toman decisiones que generan ruido innecesario? Sólo podemos especular, pero los comentarios del presidente López Obrador posteriores a la presentación de la demanda pueden indicarnos que estamos nuevamente ante una manifestación de su máxima que orienta sus decisiones de política exterior: “la mejor política exterior es la interior.” Esta máxima presenta un falso dilema pues ofrece una visión de las políticas exterior e interior como alternativas, si no mutuamente excluyentes, al menos como autónomas. La realidad es que tanto la política exterior como la interior son políticas públicas, coordinadas y operadas desde el Ejecutivo Federal, ejecutadas con el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, incorporadas en los instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo y susceptibles de revisión a través de la Auditoría Superior de la Federación.
En su conferencia de prensa matutina del pasado 16 de abril, el presidente López Obrador se expresó sobre la pretensión sobre la expulsión de Ecuador señalando que, si la ONU no adoptaba dicha decisión, la Organización “quedaría como un florero.” No es la primera vez que el presidente se refiere a la ONU de esta manera, lo hizo anteriormente en temas de corrupción, vacunación y migración. En el caso de la OEA, aunque no hubo un pronunciamiento oficial sobre la ausencia de México en el proceso que adoptó la resolución, podemos especular que una explicación podría ser la confrontación que el presidente ha sostenido reiteradamente contra esa Organización y su liderazgo.
En lo que respecta a política exterior, esta administración ha sido consistente en dos aspectos: en primer lugar, en ofrecer apoyo político y en forma de cooperación internacional hacia países con liderazgos ideológicamente cercanos al presidente, particularmente hacia América Latina, y en mostrar rechazo o por lo menos dudas hacia la legitimidad de administraciones menos afines y, en segundo lugar, en emplear las relaciones bilaterales y foros multilaterales como herramientas para generar impacto a nivel nacional. Como ejemplos basta recordar la carta dirigida al inicio del sexenio a España denunciando los agravios históricos, así como los discursos del presidente en el marco de las Naciones Unidas promoviendo temas de su interés a nivel nacional pero que difícilmente recaen en el mandato de la Organización o empleando el espacio para hacer recuentos de la historia de México.
Este uso de las relaciones exteriores del país parece tener como medidas de éxito para la administración el efecto que causen en el debate público nacional y la impresión que generen internamente, y no verdaderamente lograr objetivos concretos de la política exterior. Entendidas dichas acciones de esta manera y medida su eficacia bajo este entendido, la política exterior verdaderamente sirve a la administración sólo en tanto alimente el discurso que internamente busca posicionar el presidente en la agenda política. Este uso de las relaciones que México ha construido por décadas para fines distintos a los que les son propios e inherentes, no sólo debilita la imagen del país en el exterior, sino que deja inoperantes políticas, acciones y proyectos trazados en coordinación con otros Estados y organizaciones internacionales y que, generalmente, trascienden el tiempo de las administraciones y gobiernos de los Estados.
Las consecuencias de esta política exterior al servicio de la interior son parte de los pasivos que esta administración entregará a la siguiente y para los cuales será necesario que la próxima presidenta de México determine si optará por continuar con esta tendencia o revertirla. En todo caso, los procesos internacionales tienden a mostrar sus efectos en plazos de tiempos más largos que los nacionales, por lo que aún quedan consecuencias por analizar para determinar si se ha generado un desgaste grave de la imagen y la influencia de México en el exterior y lo que costará repararlo.
