Amparo a favor del Gobernador Samuel García

El Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ha concedido protección legal al gobernador de Nuevo León, Samuel García, mediante un amparo que impide su detención, presentación o solicitud de órdenes de aprehensión por parte de diez instancias de la Fiscalía General de la República (FGR). Estas instancias presuntamente investigan al gobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales y corrupción.

La resolución emitida en el marco del juicio de amparo 2063/2023 establece que la suspensión concedida al mandatario neoleonés impide que diversas divisiones de la FGR, como la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y otras, puedan requerir su comparecencia mediante órdenes de presentación o aprehensión.

Además, este amparo suspende las investigaciones que pudieran estar en curso en su contra por parte de las autoridades de Nuevo León, incluyendo la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y otras divisiones relacionadas con la investigación de delitos financieros y electorales.

El juez Juan Fernando Alvarado López, al fundamentar su decisión, menciona que concedió la suspensión «porque el cargo de gobernador le otorga fuero constitucional o ‘inmunidad procesal’, lo que implica que no se puede proceder penalmente contra la persona que goza de esta inmunidad». El juez subraya que, para iniciar acciones penales contra el titular del Poder Ejecutivo, en este caso, el quejoso Samuel Alejandro García Sepúlveda, se requiere una declaración del Congreso del estado con al menos dos terceras partes de sus miembros que determine si procede o no procede el enjuiciamiento.

La resolución también establece que se ha concedido la suspensión provisional para que las autoridades responsables se abstengan de proceder penalmente contra Samuel Alejandro García Sepúlveda. Esto incluye no solicitar audiencia inicial y, en caso de que ya se haya realizado, corresponde al juez suspender la carpeta judicial respectiva. Se garantiza el derecho de audiencia, la adecuada defensa y el acceso a las carpetas de investigación para que el gobernador pueda revisar las constancias que integran dichas indagatorias.

 

Vía @gobernartemx

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