* Estefanía Mercado encabeza la aprobación con 56.7%, seguida por Patricia Peralta con 51.5%, según el Ranking de GobernArte.

* Solidaridad, Benito Juárez y Othón P. Blanco concentran las mayores calificaciones ciudadanas en desempeño municipal.

La consultoría política GobernArte publicó su “Ranking de Alcaldes Quintana Roo”, un estudio cuyo objetivo es dar a conocer la aprobación gubernamental de las y los presidentes municipales en la entidad. El ejercicio mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de las autoridades locales mediante la pregunta: “Del uno al 100, ¿cómo califica usted el desempeño de su presidente o presidenta municipal?”.

Realizamos este levantamiento del 4 al 9 de febrero, con una muestra de 585 encuestas en cada uno de los municipios evaluados, distribuidas de manera representativa en distritos federales. La metodología empleada fue de muestreo aleatorio estratificado, apoyada por el software Odiseo, que mediante inteligencia artificial integra factores demográficos y geográficos para fortalecer la precisión estadística.

De acuerdo con los resultados, en primer lugar se posiciona Estefanía Mercado Asencio, presidenta municipal de Solidaridad, con 56.7% de aprobación. La edil, postulada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, encabeza el ranking estatal con una ventaja de 5.2 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

En Gobernarte revelamos que en la segunda posición se ubica Patricia Peralta de la Peña, del municipio de Benito Juárez, con 51.5% de aprobación. También emanada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, supera el umbral del 50%, lo que la coloca en un bloque de evaluación mayoritaria positiva junto con el primer lugar.

En tercer sitio aparece Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal de Othón P. Blanco, con 49.3%. Aunque se mantiene por debajo de la barrera del 50%, su calificación la coloca dentro del grupo de alcaldes mejor evaluados en la entidad.

El cuarto lugar corresponde a José Luis Chacón, del municipio de Cozumel, con 38.3%, seguido en quinto lugar por Diego Castañón Trejo, de Tulum, con 37.8%. Ambos se ubican en un rango intermedio de aprobación, con diferencias menores a un punto porcentual entre sí.

En sexto lugar se encuentra José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal de Bacalar, con 32.8%. En séptima posición aparece Teresa Atenea Gómez Ricalde, de Isla Mujeres, con 31.7%. En octavo sitio se ubica Maricarmen Hernández Solís, de Felipe Carrillo Puerto, con 29.3%.

El noveno lugar corresponde a Josué Nivardo Mena Villanueva, del municipio de Lázaro Cárdenas, con 26.3%, mientras que en décima posición se encuentra Blanca Merario Tziu Muñoz, de Puerto Morelos, con 23.4%.

En Gobernarte dimos a conocer que la diferencia entre el primer y el último lugar del ranking es de 33.3 puntos porcentuales, lo que refleja contrastes significativos en los niveles de aprobación municipal dentro del estado. Asimismo, los tres primeros lugares concentran calificaciones superiores al promedio general del listado, marcando una brecha clara frente al resto de los municipios evaluados.

El estudio permite observar que únicamente dos alcaldes superan el 50% de aprobación, mientras que la mayoría se ubica en rangos entre 23% y 49%, lo que muestra un escenario diverso en términos de percepción ciudadana sobre el desempeño municipal.

La encuesta fue levantada mediante cuestionarios aplicados a través de la plataforma Odiseo, que genera un sistema digital de estratificación para asegurar representatividad. El margen de error estimado se encuentra entre 2.5% y 3.7%, con un nivel de confianza del 95%, por lo que los resultados se ubican dentro de parámetros estadísticos sólidos.

En Gobernarte reiteramos que este ranking constituye una medición puntual sobre la aprobación gubernamental en los municipios de Quintana Roo y ofrece una herramienta objetiva para el análisis público y mediático del desempeño local. La consultoría continuará realizando ejercicios periódicos para dar seguimiento a la evolución de la percepción ciudadana en la entidad, contribuyendo con información verificable y metodológicamente sustentada al debate público estatal.