La Corte Suprema de Estados Unidos ha aceptado deliberar sobre si el expresidente republicano Donald Trump goza de inmunidad o puede ser juzgado por presunta injerencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020.
La cuestión de la inmunidad presidencial ha generado debate en los casos judiciales que el Departamento de Justicia de EE. UU. tiene abiertos contra Trump, especialmente en el de Washington D.C., relacionado con los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que Trump perdió ante Joe Biden.
Los abogados de Trump han solicitado la suspensión de este fallo, argumentando las posibles consecuencias negativas para la presidencia en ausencia de dicha inmunidad.
Este caso marca la primera vez que un expresidente estadounidense enfrenta procesos penales. Trump se perfila como el favorito para la nominación republicana en las elecciones del 5 de noviembre.
La Corte Suprema se enfrenta a la decisión de revocar una sentencia de la Corte Suprema de Colorado que excluyó a Trump de las primarias republicanas basándose en una disposición constitucional sobre insurrección.
Los jueces han programado la vista oral del caso para la semana del 22 de abril, centrada en determinar si un expresidente cuenta con inmunidad frente a procesos penales por actos supuestamente oficiales durante su mandato, y en qué medida.
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó por unanimidad la reclamación de inmunidad de Trump, argumentando que no debe tener “autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizaría el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la aplicación de los resultados electorales”.
Trump, quien ha declarado su inocencia, ha intentado presentar los cargos como motivados políticamente.
Los abogados de Trump han advertido que un juicio penal prolongado perturbaría su capacidad para hacer campaña contra Biden y han señalado posibles consecuencias negativas para futuros presidentes si se permite su enjuiciamiento, incluida la posibilidad de persecuciones partidistas, extorsión y chantaje.
Vía @gobernartemx
